La Seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura dio a conocer hace algunos días el documento titulado "Observatorio de objetividad en la contratación estatal de infraestructura 2013. Antioquia"; Este observatorio, hace el seguimiento a los procesos contractuales de las entidades oficiales que desarrollan proyectos de infraestructura y con base en los datos recopilados emiten un dictamen objetivo de la Contratación de las entidades que contratan actividades relacionadas con este sector en Antioquia.
Los resultados obtenidos no ofrecen tranquilidad sobre la forma como está gestionándose la contratación en materia de infraestructura en el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, el Area Metropolitana del Valle de Aburrá y la EDU.
Un primer dato preocupante es el relacionado con el alto porcentaje de inversión que se ejecuta a través de contratación directa: la Gobernación de Antioquia ejecuta el 38% por contratación directa contra el 24% a través de licitaciones públicas, el Municipio de Medellín el 60% contra el 26% a través de licitaciones y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá el 54% contra el 40% a través de licitaciones. Esto en contraposición con el INVIAS en donde la mayor parte de la contratación en infraestructura se ejecuta a través de licitaciones púbicas (53%) siendo la participación de la contratación directa realmente minoritaria (18%), aplicando adecuadamente la regla según la cual la licitación es la regla general y la contratación directa la excepción.
El Observatorio de la CCI destaca también la escasa participación de los concursos de méritos en la contratación de las entidades regionales donde no supera el 3% mientras el INVIAS invierte el 20% de su presupuesto de inversión en consultoría e interventoría.
Otro aspecto inquietante es el relacionado con el número promedio de proponentes por entidad analizada: mientras en el INVIAS se presenta un promedio de 41 proponentes, en la EDU el promedio es sólo de 4, pasando por la Gobernación de Antioquia con 15, el Area Metropolitana con 11 y la Alcaldía de Medellín con 8.
Para obtener los resultados sobre la percepción que se tienen en las empresas del sector frente a las entidades evaluadas, el Observatorio realizó 89 encuestas en las que se evaluaron varios aspectos, tales como:
- La proporcionalidad de los requisitos que fijan las entidades contratantes para la capacidad residual de contratación en casos de licitaciones públicas para la construcción de obras.
- La anticipación suficiente de publicación de los cronogramas del proceso de selección con el fin de que los interesados puedan percatarse y maniobrar oportunamente para poder asistir a los eventos de asistencia obligatoria.
- La concordancia y proporcionalidad de la experiencia exigida con respecto al objeto y alcance del contrato y su plazo.
- La magnitud de los indicadores financieros exigidos.
- Las exigencias referentes al equipo solicitado.
- La concordancia entre el presupuesto oficial y las condiciones reales del mercado referidos al valor total de la propuesta, a los costos directos, a la administración, los imprevistos, la utilidad, el factor multiplicador y los gastos reembolsables.
- La percepción de objetividad en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, en el aspecto de calidad, en los desempates y en la custodia de las ofertas transmitiendo confianza a los proponentes acerca de la inmodificabilidad de las mismas.
El resultado de esta evaluación es el siguiente:
De la combinación de estos elementos se obtuvo el siguiente resultado:
El Observatorio destaca que se distinguen con claridad dos grupos: un primer grupo ubicado a la izquierda en el que la percepción de los encuestados es claramente positiva y un segundo grupo, ubicados a la derecha, en los que "la percepción de los encuestados hace evidente la necesidad de mejorar en múltiples aspectos".
Especial atención debe prestarse a la EDU, pues la baja participación de oferentes en sus invitaciones, y en general la escasa valoración obtenida, no puede significar nada diferente a la falta de confianza de los empresarios frente a la gestión que realiza la entidad, ya sea en los procesos de selección, ya en la ejecución de los contratos. Vale la pena recordar que esta entidad se está convirtiendo en un simple intermediario de la contratación que otras entidades deberían hacer por licitación pública, y que acuden a ella a través de convenios o contratos interadministrativos para que finalmente sea la EDU quien realice el respectivo contrato aplicando reglas del derecho privado.
Los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio de la CCI Seccional Antioquia tiene que llamar la atención a las autoridades locales para aplicar los correctivos apropiados.
